jueves, 15 de diciembre de 2016

Propuesta de Directiva de la Unión Europea sobre Insolvencia


En la línea de la Recomendación publicada en 2014, La Comisión Europea ha redactado, el pasado mes de Noviembre de 2016, una Propuesta de Directiva comunitaria que aborda la problemática de la insolvencia y las vías para hacer verdaderamente efectiva una segunda oportunidad.

En este trabajo, la Comisión constata la insuficiencia de los pasos dados hasta ahora por los Estados miembros, a la hora de articular mecanismos legislativos sustantivamente eficaces, y prepara el camino a una nueva Directiva vinculante, cuyo contenido deberá ser adaptado en las nuevos textos normativos que los Estados deberán redactar en el plazo que legalmente se establezca.

La Propuesta persigue varias finalidades. Se constatan las carencias de los procesos concursales: coste excesivo y desproporcionado, y una duración que hace ilusoria la opción de continuidad de muchos negocios en dificultades que, ab initio, presentaban visos de viabilidad. Se incide en la conveniencia de uniformizar las legislaciones de los estados sobre la materia, incorporando los nuevos criterios que buscan superar las ineficiencias detectadas, resultado de procesos concursales no aptos para alcanzar los objetivos pretendidos:

            -salvar negocios viables

            -agilizar la eliminación de negocios cuya viabilidad  resulta objetivamente nula

Así, se contemplan medidas como el validado del juez para confirmar acuerdos de reestructuración, o garantías para proteger los derechos de acreedores minoritarios. Por otro lado, se profundiza en la búsqueda de instrumentos que agilicen los procedimientos en los que se vean envueltos negocios objetivamente viables.

El contenido concreto de la Propuesta incluye la previsión de un escenario preconcursal que propicie una reestructuración y en el que se potencie la autonomía de los sujetos implicados a la hora de alcanzar un acuerdo extrajudicial, pero sometido a la posterior aprobación del juez. A la hora de concretar el contenido de este instrumento, la Propuesta se aleja de esquemas rígidos formalistas, y se decanta por favorecer la autonomía de las partes en la determinación de los protocolos de negociación que conducirán al acuerdo de reestructuración. En este sentido, se opta por mantener al deudor al margen de un régimen de férrea intervención, permitiéndole conservar las facultades de disposición y administración de su negocio, con excepciones dirigidas a la protección de derechos de acreedores en circunstancias muy concretas.

En definitiva, los objetivos de la propuesta se pueden resumir en:

1.-Simplificación de los procesos concursales judiciales.

2.- Protección específica de las fórmulas de financiación, con el fin de facilitar los acuerdos de reestructuración.

3.- Introducir mecanismos que agilicen la entrada de las empresas en procesos de reestructuración extrajudiciales

4.- Protección de los intereses de los acreedores que se opongan a los acuerdos de refinanciación.

Deberemos aguardar a la publicación de la Directiva para comprobar los términos concretos en que se acaban materializando estas líneas maestras.